19 de Mayo de 2009
Por Arturo Carreño*
Una vez más somos testigos de cómo los intereses privados en nuestro país están por sobre los intereses sociales. El pasado miércoles 13 de mayo, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, el que entre otros aspectos establece la posibilidad que las concesiones acuícolas puedan constituir garantías de crédito para las empresas salmoneras que mantienen obligaciones con la banca. Con esto, estamos frente a la consolidación de una práctica que privatiza bienes del Estado, en este caso, porciones de agua, ya que estas concesiones se transformarían en activos financieros susceptibles de ser transados en el mercado. Ante esto, la interrogante que surge es ¿qué dice nuestra legislación con respecto a las aguas en territorio nacional?
El Código Civil chileno en su artículo 595 define a las aguas como "bienes nacionales de uso público", es decir, patrimonio de todos los chilenos. A esta definición -en vista de lo que propone este proyecto de ley- sería urgente aplicarle una prudente y necesaria fe de erratas, ya que en la realidad, más allá de lo que pregonan nuestras leyes, las aguas en nuestro país son y seguirán siendo sólo patrimonio de "algunos" chilenos, a pesar de que paradójicamente gran parte de los derechos de agua en Chile sean propiedad de grandes corporaciones españolas.
Resulta un grave atropello contra la naturaleza la situación que viven hoy en día distintos sectores vinculados al recurso marino nacional. Es deplorable observar que algunos diputados están velando por los intereses de los salmoneros e indirectamente por los intereses de los bancos en la tramitación de este proyecto de ley, ya que está claro que una vez que se den por finalizado estos acuerdos, las concesiones volverán a las empresas salmoneras, luego de ser transadas en un mercado que sería legitimado por este proyecto de ley, en caso de ser aprobado en las instancias restantes.
Los argumentos expuestos hacen dudar respecto de la efectividad de estas modificaciones, en el sentido de que no se estaría velando por una salida que deje conforme a todos los sectores, o por lo menos a la mayoría. La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, junto a trabajadores del turismo, comunidades mapuche y distintas ONGs, ya mostraron su total desacuerdo a estas modificaciones a la Ley de Pesca, pues entienden que lo que hay detrás son magnos intereses corporativos que pretenden privatizar zonas marinas.
Finalmente, a la luz de los hechos, lo que se visualiza es que los más desposeídos deberán pagar las consecuencias de una legislación que no ha estado a la altura de las circunstancias. Más aún, deberán contemplar cómo una vez más los intereses empresariales están por encima de los intereses de la comunidad, y lo que es peor aún, que la autoridad no hace mucho al respecto.
En definitiva, la pregunta que surge es si don Eusebio Lillo al componer nuestro himno patrio, habrá imaginado la enorme cantidad de intereses que hay depositados hoy en día sobre ese mar que tranquilo nos baña. No queda más que señalar que, de ser aprobado este proyecto de ley, estas concesiones acuícolas prometen futuro esplendor, no para todos los chilenos, sino sólo para algunos en el país.
*Arturo Carreño es economista Fundación Terram.
Fuente: www.elmostrador.cl
Por Arturo Carreño*
Una vez más somos testigos de cómo los intereses privados en nuestro país están por sobre los intereses sociales. El pasado miércoles 13 de mayo, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, el que entre otros aspectos establece la posibilidad que las concesiones acuícolas puedan constituir garantías de crédito para las empresas salmoneras que mantienen obligaciones con la banca. Con esto, estamos frente a la consolidación de una práctica que privatiza bienes del Estado, en este caso, porciones de agua, ya que estas concesiones se transformarían en activos financieros susceptibles de ser transados en el mercado. Ante esto, la interrogante que surge es ¿qué dice nuestra legislación con respecto a las aguas en territorio nacional?
El Código Civil chileno en su artículo 595 define a las aguas como "bienes nacionales de uso público", es decir, patrimonio de todos los chilenos. A esta definición -en vista de lo que propone este proyecto de ley- sería urgente aplicarle una prudente y necesaria fe de erratas, ya que en la realidad, más allá de lo que pregonan nuestras leyes, las aguas en nuestro país son y seguirán siendo sólo patrimonio de "algunos" chilenos, a pesar de que paradójicamente gran parte de los derechos de agua en Chile sean propiedad de grandes corporaciones españolas.
Resulta un grave atropello contra la naturaleza la situación que viven hoy en día distintos sectores vinculados al recurso marino nacional. Es deplorable observar que algunos diputados están velando por los intereses de los salmoneros e indirectamente por los intereses de los bancos en la tramitación de este proyecto de ley, ya que está claro que una vez que se den por finalizado estos acuerdos, las concesiones volverán a las empresas salmoneras, luego de ser transadas en un mercado que sería legitimado por este proyecto de ley, en caso de ser aprobado en las instancias restantes.
Los argumentos expuestos hacen dudar respecto de la efectividad de estas modificaciones, en el sentido de que no se estaría velando por una salida que deje conforme a todos los sectores, o por lo menos a la mayoría. La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, junto a trabajadores del turismo, comunidades mapuche y distintas ONGs, ya mostraron su total desacuerdo a estas modificaciones a la Ley de Pesca, pues entienden que lo que hay detrás son magnos intereses corporativos que pretenden privatizar zonas marinas.
Finalmente, a la luz de los hechos, lo que se visualiza es que los más desposeídos deberán pagar las consecuencias de una legislación que no ha estado a la altura de las circunstancias. Más aún, deberán contemplar cómo una vez más los intereses empresariales están por encima de los intereses de la comunidad, y lo que es peor aún, que la autoridad no hace mucho al respecto.
En definitiva, la pregunta que surge es si don Eusebio Lillo al componer nuestro himno patrio, habrá imaginado la enorme cantidad de intereses que hay depositados hoy en día sobre ese mar que tranquilo nos baña. No queda más que señalar que, de ser aprobado este proyecto de ley, estas concesiones acuícolas prometen futuro esplendor, no para todos los chilenos, sino sólo para algunos en el país.
*Arturo Carreño es economista Fundación Terram.
Fuente: www.elmostrador.cl
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